Según el presidente de Conacep, Hernán Herrera, “por la información recabada en los bancos, tenemos la convicción de que el traspaso de la propiedad a las entidades sin fines de lucro no será fácil. Pese a que existe la garantía Corfo, no van a hacer préstamos por más de 15 años y no nos han dicho cuál sería la tasa de interés”.

16 de mayo de 2016
La posibilidad de que fracase la implementación de la Ley de Inclusión -que estableció el fin al lucro, copago y selección en los colegios que reciben fondos públicos- preocupa a algunos parlamentarios de la Nueva Mayoría. Esto, porque sostenedores han alertado que hay establecimientos que no van a poder cumplir en 2020 con la exigencia de que la corporación controladora sea dueña del inmueble donde funciona el colegio.

La ley dispuso que los sostenedores deben transformarse en entidades sin fines de lucro, a más tardar el 31 de diciembre de 2017. Y estas corporaciones o fundaciones tienen un plazo máximo de tres años desde su creación, para ser dueñas del terrero y el inmueble donde funcionan los colegios.

Así, podrán arrendar por un máximo de tres años. El problema, dicen los sostenedores, es que no tienen seguridad de poder cumplir con la exigencia a 2020, y piden prorrogar los arriendos por otros tres años.

Según el presidente de la Asociación Gremial de Colegios Particulares (Conacep), Hernán Herrera, “por la información recabada en los bancos, tenemos la convicción de que el traspaso de la propiedad a las entidades sin fines de lucro no será fácil. Pese a que existe la garantía Corfo, no van a hacer préstamos por más de 15 años y no nos han dicho cuál sería la tasa de interés”.

Según los sostenedores, la tardanza del reglamento de tasaciones ha influido en la incertidumbre. “El Mineduc nos ha dicho que ese reglamento está entrampado en Hacienda. Mientras no sea publicado, no podemos saber en cuánto van a ser avaluados los colegios”, indicó el abogado de la Fide, Rodrigo Díaz.

Todos estos factores impiden que puedan tomar una decisión rápida sobre transformarse en colegios gratuitos o pagados. “Hay un riesgo real de que esta ley no se pueda llevar adelante. Los proyectos educativos pueden morir porque no se puede obligar a los propietarios a vender, y si los colegios no tienen un edificio, el Mineduc tendría que hacerse cargo de esos niños”, planteó Herrera.

Estos problemas fueron expuestos en la Comisión de Educación del Senado, y también a otros legisladores que respaldan la idea de la prórroga. En la Nueva Mayoría, algunos senadores y diputados apoyan la idea por la necesidad de evitar que fracase la implementación de la ley.

“Hay que hacer una prórroga para hacer operable la ley y evitar que los sostenedores se vean en la imposibilidad de transformarse en corporaciones”, señaló el senador Andrés Zaldívar (DC), quien agregó que “siempre fui partidario de un arrendamiento regulado permanente y no de la compra obligada. No creo conveniente que destinemos recursos a adquirir inmuebles”.

La semana pasada, el tema fue abordado en una reunión de sostenedores de Conacep, en la cual se concluyó que “sin tener claridad sobre el desenlace del tema de los inmuebles, la mayoría de los sostenedores no se transformarán en instituciones sin fines de lucro”, consta en su declaración escrita. Además, subrayaron que “esta situación constituye un incentivo para que los colegios se transformen en particulares pagados o buscar otros usos para los edificios. Así, disminuir la cantidad de establecimientos y obligar a las familias a ir a un sistema que no quieren”.

El senador Fulvio Rossi (PS) también apoyó aprobar una extensión del plazo. “Si le da fluidez, no tengo problema con esta prórroga. Al gobierno le interesa que los sostenedores se queden en la gestión educativa y, desde ese punto de vista, un arriendo bien regulado no debiese ser un obstáculo para avanzar”, dijo.

Andrés Palma, secretario ejecutivo de la reforma educacional, explicó que efectivamente “hay una petición de los senadores (Carlos) Montes y (Andrés) Zaldívar al respecto que se está estudiando en el Mineduc”. Agregó que no hay posibilidad de cambiar aspectos esenciales de la Ley de Inclusión, como término del copago, lucro y selección. “Pero las implementaciones siempre requieren transiciones y las transiciones a veces obligan a ajustes, aunque aún es pronto para tener una evaluación adecuada”.

Palma enfatizó que no han detectado que los sostenedores tengan problemas para decidir transformarse en entidades sin fines de lucro. “Las tasaciones bancarias se realizarán por los mismos bancos y de acuerdo a sus normativas, garantizando que los valores sean los que el mercado fije. El plazo para recurrir a los bancos recién se ha iniciado y los sostenedores tienen tres o seis años, según su tamaño, desde que se transformen a la nueva entidad sin fines de lucro. Nada les impide hoy ir al banco y pedir que les tasen el inmueble”, señaló.

Fuente: La Tercera.

  • Correo Electrónico

  • Fono

    (56-2) 2633 4849
  • Indicadores Económicos