Hernán Herrera, presidente de la Corporación de Colegios Particulares Subvencionados (Conacep), afirma que “los que han decidido salirse del sistema lo hicieron porque la Ley de Inclusión sigue teniendo muchas incertidumbres y amenazas que recaen en el sostenedor”.

4 de marzo de 2017
Cerca de 100 años tenía el Colegio Inglés Pasionista de Limache cuando, el año pasado, un incendio destruyó por completo sus dependencias. En ese entonces, las clases se reprogramaron en un inmueble facilitado por el municipio. Sin embargo, y según los datos que obtuvo “El Mercurio” a través de Ley de Transparencia, este año el establecimiento subvencionado pidió su cierre total.

En la página web del colegio algunos apoderados lamentaron la decisión, mientras que la directora de Educación Municipal de Limache, Patricia Colarte, informó que ellos se harán cargo de la administración del establecimiento, por lo que no sería necesario reubicar a los estudiantes.

Al igual que este recinto, en nueve regiones del país habrá otros 92 que dejarán de impartir clases este año (ver infografía), aunque la cifra podría variar, pues aún están en proceso la revisión de antecedentes y de apelaciones. Con todo, las solicitudes que hicieron estos establecimientos a las secretarías regionales ministeriales de Educación incluyen cierres definitivos y temporales, o bien el término de una modalidad educativa.

La mayoría de los cierres (70) corresponde a planteles particulares subvencionados, seguidos por municipales (15) y particulares pagados (ocho). Estas cifras son similares a las del año pasado, cuando hubo 92 colegios que pidieron su cierre, de los cuales 71 eran subvencionados. No obstante, confirman un cambio en la tendencia de los últimos años, cuando la mayoría de los cierres correspondía a planteles públicos que tenían baja matrícula.

Uno de los recintos que dejarán de enseñar este año es la Escuela de Lenguaje Altamira, en Coyhaique. “Cerramos por problemas financieros que no se pudieron solucionar”, confiesa la directora Nancy López. Agrega que los estudiantes fueron incorporados a otros establecimientos.

Más al norte, la directora de la Escuela Especial Terra Mater, de Ovalle, Verónica González, asegura que su recinto -particular subvencionado- “se cierra netamente por la reforma educacional, solo por eso. Ahora los sostenedores van a decidir qué hacer, pero los estudiantes ya fueron reubicados”.

En esa misma línea, Hernán Herrera, presidente de la Corporación de Colegios Particulares Subvencionados (Conacep), afirma que “los que han decidido salirse del sistema lo hicieron porque la Ley de Inclusión sigue teniendo muchas incertidumbres y amenazas que recaen en el sostenedor”.

Uno de los aspectos de esta ley -que termina con el lucro, la selección y el copago- es que durante este año los sostenedores deben informar al Mineduc si se transforman en establecimientos sin lucro -y eventualmente a gratuitos-, o bien se convierten en particulares pagados, con lo cual pueden seguir cobrando mensualidades.

Respecto de ese punto, Herrera sostiene que “es una decisión difícil volverse 100% gratuito, porque es una apuesta a continuar con los mismos recursos”, pues el aporte económico de los padres será remplazado por uno estatal, sin posibilidad -hasta el momento- de que haya un aumento de los fondos.

En cuanto a los colegios municipales, la mayoría pidió un receso temporal de actividades porque no tenían matrícula.

Fuente: Diario El Mercurio

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