Habría sido mucho más conveniente para el país liberar a los establecimientos con buenos resultados de la obligación de transformarse en personas jurídicas sin fines de lucro.

Por efectos de la reforma educacional que puso fin al lucro, la selección y el financiamiento compartido, nada menos que 100 colegios y 49 jardines infantiles dejarán de ser una alternativa educacional para miles de niños y jóvenes. La mayoría de estos establecimientos: 77 y 41 respectivamente se transformarán en particulares pagados. Los demás cerrarán sus puertas.

En el contexto del universo de establecimientos subvencionados la cifra puede parece pequeña, porque la conversión en particulares pagados afecta al 2 por ciento del total de 5 mil 950 colegios, pero en matrícula, si bien los datos no se han precisado con claridad, el número de estudiantes involucrados podría acercarse a los 70 mil. Las familias de esos establecimientos podrían verse obligadas a enfrentar mensualidades que duplican su actual copago y sería, en gran medida, consecuencia de que esos colegios -al no aceptar convertirse en fundaciones sin fines de lucro- perderán la subvención que el Estado pagaba por cada alumno.

Cabe hacer notar que la ley original contemplaba un arriendo por seis años y se extendió por diez años para los que informaran su transformación en fundación antes del 30 de junio. A pesar de este incentivo, hay del orden de 2 mil 900 planteles que aún no han resuelto transformarse en fundaciones. Es decir, la gran mayoría de los establecimientos subvencionados que estaban organizados como sociedades educacionales o bajo alguna otra figura comercial van a esperar hasta el último momento -el plazo definitivo es el próximo 31 de diciembre- para tomar una decisión. Este resultado es consecuencia de un cuerpo legal que generó demasiadas incertidumbres que no están resueltas. Así, lejos de incentivar una educación de calidad, distinguiendo entre aquellos establecimientos con elevados logros de aprendizaje de los demás, se promueve un cambio que por sus complejidades la desalienta, toda vez que obliga a los sostenedores a distraerse del foco educacional, para concentrarse en evaluar y definir una transformación institucional de dudosos impactos. Habría sido mucho más conveniente para el país liberar a los establecimientos de buenos resultados de esta obligación y exigir cambios como el que se está empujando solo a aquellos planteles incapaces de satisfacer los estándares de aprendizaje deseados.

Es lamentable que se fuerce a los establecimientos a dar este paso, pese a que como han demostrado varias investigaciones, no es posible establecer una correlación clara entre la naturaleza jurídica del sostenedor y la calidad de la educación entregada. Ha sido perfectamente posible, en muchos casos, armonizar un carácter comercial del sostenedor -con retiro de excedentes- con un elevado estándar educativo. Por cierto, no todos los colegios organizados como sociedades comerciales cumplen con ese estándar, pero tampoco lo hacen todos los planteles estatales o pertenecientes a fundaciones sin fines de lucro.

Por de pronto, varios de los establecimientos que han anunciado su paso a particulares pagados están entre los mejores del país y de ahí que, más allá de su importancia relativa, hay una pérdida de oportunidades para familias que no pueden costear una educación particular pagada. Atendida esta consecuencia, es difícil no concluir que este aspecto de la reforma tiene un carácter empobrecedor para los sectores medios de nuestro país. En cambio, enriquece las oportunidades de sectores relativamente más acomodados que podrán elegir ahora entre más colegios particulares pagados.

Esta conversión ha sido cuestionada por los impulsores de la reforma como una demostración de que hay sostenedores cuyo único interés es el lucro. Sin embargo, se trata de proyectos educativos valiosos que han supuesto importantes inversiones que contradicen tal aseveración. Es precisamente la imposibilidad de mantener dichos proyectos en sus condiciones actuales, muy valoradas por las comunidades educativas que son parte de ellos, la que ha obligado a esta transformación. Por cierto, otros sostenedores han aceptado transformarse en fundaciones, pero en muchos de estos casos las inversiones no son tan altas o se pueden amortizar aprovechando la extensión brindada por el Gobierno a los nuevos sostenedores de arrendar por diez años la infraestructura del establecimiento a su dueño original.

Fuente: El Mercurio
Link: http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2017-07-04&PaginaId=3&BodyID=1

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