“El año pasado no tuvimos problemas con la ley de inclusión, porque las familias adscriben a los proyectos educativos. No es igual que en los colegios municipales, porque los apoderados aquí están tan comprometidos como el colegio en que los niños cumplan con algunas normas”, explica Hernán Herrera, presidente de CONACEP.

15 de marzo de 2017
A un año de la puesta en marcha de la ley de inclusión escolar aún son muchas las preguntas que tienen los padres chilenos sobre los derechos que ellos y sus hijos tienen frente a los colegios que eligieron para educarlos. ¿Es obligatorio el uso de uniforme escolar? ¿Pueden los colegios exigir la compra de útiles escolares de marcas determinadas o textos especiales? ¿Qué participación tienen los apoderados en la elaboración de los proyectos educativos o los manuales de convivencia?.

La ley 20.845 de inclusión escolar es la que regula la admisión de los estudiantes, elimina el financiamiento compartido, prohíbe el lucro y defiende a los escolares contra diversas discriminaciones estableciendo, por ejemplo, que ningún colegio municipal, particular subvencionado o particular pagado puede privar de clases a un alumno por no tener algún material, uniforme o texto solicitado.

Los padres tienen herramientas para hacer denuncias al respecto, primero ante el establecimiento y, de no ser acogido el reclamo, ante la Dirección Provincial correspondiente o, derechamente, ante la Superintendencia de Educación.

Según explica Óscar Acevedo, jefe del Departamento de Denuncias y Mediación de la Superintendencia de Educación, este organismo recibe todas las denuncias de los padres que sientan que la dignidad o el derecho de sus hijos a ser educados han sido vulnerados. ‘La Superintendencia puede conocer las denuncias de los apoderados, gestionarlas y eventualmente sancionar al colegio si es que se comprueba alguna práctica ilegal’, dice Acevedo.

En tanto, Eduardo Catalán, presidente de la Asociación Metropolitana de Padres, Madres y Apoderados (Amdepa), cree que deberían ser los Centros de Padres los que actuaran como mediadores entre los padres y los establecimientos en estos temas, pero esto hoy no ocurre. ‘Hoy los Centros de Apoderados son única y exclusivamente entes de negocio dentro de los centros educacionales. Se dedican a vender la corbata o la libreta, pero no a tocar temas profundos’, señala. Para lograr un cambio en el rol de estas organizaciones, Catalán postula otorgarles una ‘nueva institucionalidad’. ‘El decreto 565 que regula a los centros de padres está obsoleto’, apunta.

Por otra parte, Hernán Herrera, presidente de la Corporación Nacional de Colegios Particulares (CONACEP), defiende el derecho de los colegios de imponer sanciones que sean acordes con sus proyectos educativos.

‘El año pasado no tuvimos problemas con la ley de inclusión, porque las familias adscriben a los proyectos educativos. No es igual que en los colegios municipales, porque los apoderados aquí están tan comprometidos como el colegio en que los niños cumplan con algunas normas’, explica.

Fuente: Diario La Hora

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