Secretaria de Estado entregó cifras sobre el avance de la Ley de Inclusión, las que fueron cuestionadas por el presidente de nuestra colectividad, Hernán Herrera.

20 de julio de 2017
Ante una sala de la Cámara de Diputados cuyas graderías estaban repletas de apoderados de colegios particulares subvencionados, la ministra de Educación, Adriana Delpiano, asistió al Congreso para entregar un diagnóstico del avance de la Ley de Inclusión. La norma, que entró en vigencia el 1 de marzo de 2016 y que tiene como objetivo eliminar el copago, la selección y el lucro en los colegios que reciben fondos públicos, ha levantado una serie de críticas y cuestionamientos, sobre todo en aquellos sostenedores de colegios que, por exigencia de la nueva norma, deben renunciar a su condición de fines de lucro para convertirse en corporaciones educacionales, si pretenden seguir percibiendo las subvenciones del Estado. En ese cambio se incluye también el traspaso de los inmuebles de sus colegios a la nueva administradora, proceso en el cual la ley establece dos opciones: vía venta o arriendo bajo un valor máximo de 11% sobre el avalúo fiscal. Una fórmula que los dueños de establecimientos educacionales han criticado por ser exigua para sus pretensiones.

Fue en ese contexto que ayer la ministra Delpiano aportó -en plena sesión- un dato que interpretó como una buena noticia para los sostenedores. “Uno de los temas que ha salido aquí es que (el aumento del) 11% del avalúo fiscal sería bajo para los que tienen que autocomprarse sus establecimientos. El Servicio de Impuestos Internos (SII) informó esta mañana que ha reavaluado 500 establecimientos escolares y hay un promedio de ajuste de 57% del avalúo. Datos entregados por el Ministerio de Hacienda”, precisó. En ese contexto, la secretaria de Estado informó a los parlamentarios que hasta ahora un total de 89 establecimientos particulares subvencionados (de educación básica y media) optaron por convertirse en particulares pagados.

Uno de los mayores temores de los sostenedores era justamente la fórmula que establece la ley para definir los valores de los arriendos de los inmuebles que deben ser traspasados a las futuras corporaciones educacionales. “El 30 de junio se cerró la posibilidad de que un establecimiento tome la decisión de pasar a ser particular pagado para el 2018. De aquí a diciembre creo que un número importante de colegios básicos y medios que anunciaron que pasaban a particular pagado van a revertir esta decisión”, agregó Delpiano. Dentro de este contexto, añadió que cinco de los 89 establecimientos que anunciaron al Mineduc su postura de cambiar de condición jurídica ya revirtieron su decisión.

Pese al optimismo del Mineduc, entre los sostenedores se mantiene el escepticismo. “Las palabras de la ministra sólo demuestran una pirotecnia de números. Lo que hemos planteado es que el avalúo fiscal debería alcanzar, al menos, al 60% del valor del avalúo comercial y que, además, este monto se mantenga como margen de un arriendo de manera definitiva y no a un máximo de 10 años como establece hoy la ley”, sostuvo Hernán Herrera, presidente de la Conacep.

Fuente: La Tercera
Link: http://www.pressreader.com/chile/la-tercera/20170720/281938837972078

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